La consejera Conchita Ruiz anuncia que el Gobierno regional presentará un recurso ante el Tribunal Supremo contra el incremento de su capacidad de acogida
La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad elevará este jueves al Consejo de Gobierno la propuesta de interponer un nuevo recurso al Tribunal Supremo contra el real decreto ley que incrementa la capacidad de acogida de menores migrantes no acompañados asignada a la Región de Murcia hasta las 553 personas.
Lo anunció la propia responsable del ramo, Conchita Ruiz, en la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en la Asamblea Regional, criticando que la norma, además de no ir acompañada de más financiación, fija una capacidad ordinaria «sin haber tenido en cuenta la realidad» que vive la Comunidad, «sin valorar la situación de sobreocupación» que soportan actualmente los recursos autonómicos y «sin considerar que nuevos traslados a la Región seguirán tensionando un sistema que ya se encuentra al límite de sus capacidades«.
Política Social denuncia que la norma no valora la «situación de sobreocupación» de los recursos autonómicos
La consejera reveló que la Comunidad ha conseguido paralizar cerca de uno de cada cinco traslados propuestos en el marco de la contingencia migratoria «al no quedar acreditado que dichos desplazamientos respondan al interés superior del menor». Explicó que «muchas de las propuestas recibidas tienen dudas fundadas sobre su adecuación al interés superior del menor y por eso han sido archivadas».
Para ella, esos expedientes demuestran que el Gobierno regional «actúa con rigor y responsabilidad» y que cuando «alza la voz no lo hace por confrontación ni por oportunismo político«, sino «para defender la legalidad, para proteger a los más vulnerables y para garantizar que cada decisión se adopte con las máximas garantías».
La Región de Murcia no puede ser el reformatorio de Marruecos
La titular de Política Social tildó de «negligente» y «nefasta» la gestión de la inmigración realizada por el Ejecutivo central durante su intervención tras ser interpelada por la diputada del Grupo Mixto Virginia Martínez sobre el supuesto incumplimiento de la moción sobre firma de acuerdos para la reintegración de menores extranjeros no acompañados. La exmiembro de Vox exigió a la consejera que cumpliera con el punto 35.2 de la Ley de Extranjería que regula las competencias y la capacidad de las comunidades para establecer acuerdos con los países de origen sobre menores extranjeros no acompañados.
«Mantener a esos jóvenes aquí no es solidario, es ceder al chantaje de una potencia extranjera y de un Partido Socialista corrupto», afirmó Martínez, para quien devolver a esos niños, niñas y adolescentes es «cumplimiento de la ley», «respeto a la soberanía nacional» y «hacer un uso responsable del dinero público». La parlamentaria fue más allá al decir que «la Región de Murcia no puede ser el reformatorio de Marruecos».
Conchita Ruiz le contestó que ella no se puede «sentar con el Reino de Marruecos» para tratar el tema de la devolución de menores, puesto que ese tema corresponde al Gobierno de España. No obstante, le trasladó que el Ejecutivo de Fernando López Miras está «en contra de la inmigración descontrolada», ya que «tensiona los sistemas de protección de todo el país». Al mismo tiempo, aprovechó para recordarle que existe una «legislación muy estricta de protección al menor», así como que el sistema de protección de menores no solo atiende a niños, niñas y adolescentes extranjeros, sino que también tutela a menores nacidos en la Región de Murcia.
Eugenia Sánchez es diputada de Vox. / Vox
Vox también preguntó en la sesión de control al Gobierno sobre su posición respecto a la inmigración ilegal y qué actuaciones considera necesarias para afrontarla. La diputada Eugenia Sánchez manifestó que «mientras el señor López Miras se lamenta ante los medios de comunicación por la llegada de pateras y critica la inacción del delegado del Gobierno, su Gobierno destina más de 86.000 euros al mantenimiento de viviendas de acogida para inmigrantes, mientras nuestros jóvenes siguen sin poder acceder a una vivienda digna».
«Por la mañana critican la llegada descontrolada de pateras a nuestras playas, poniendo en riesgo a inmigrantes y bañistas. Y por la tarde, ya están organizando su alojamiento», denunció, criticando también la financiación «con miles de euros a asociaciones» que, según ella, «alientan el efecto llamada».
Fue el consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, quien respondió que «una cosa es ser solidarios y otra muy distinta es aceptar que el Gobierno de España renuncie a sus responsabilidades», por lo que reclamó al Ejecutivo central «una política migratoria seria, control de fronteras, lucha contra las mafias» y recursos suficientes para las comunidades.
Diputados del Grupo Popular de la Asamblea, con Antonio Landáburu a la izquierda. / PPRM
El diputado del Partido Popular Antonio Landáburu preguntó a Ortuño sobre llegada de narcolanchas a las costas de la Región de Murcia, momento que aprovechó para exigir al delegado del Gobierno, Francisco Lucas, «menos descalificaciones, más control y más respuestas frente a las mafias» que trafican con seres humanos.
«Mientras el Gobierno regional pedía medios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el señor Lucas respondía hablando de populismo, demagogia y confrontación, pero luego llegaron los hechos: tres guardias civiles resultaron heridos durante una de estas actuaciones, y ahí se acabaron los discursos», apostilló Landáburu, quien quiso dejar claro que «nadie está cuestionando el trabajo de la Guardia Civil, sino que el Gobierno de Pedro Sánchez les haya dado todos los medios que necesitan».
Ortuño calificó la situación de «preocupante» y las imágenes de embarcaciones de gran potencia llegando al litoral de «intolerables». «No queremos parches», señaló el consejero, quien reclamó «medios humanos y materiales suficientes para la Guardia Civil» y «blindar» la costa.
